El 23 de abril de 2025, el Ministerio de Economía de Argentina oficializó, a través de la Resolución 506/2025 publicada en el Boletín Oficial, la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en toda la provincia del Chaco y varias zonas de Santa Fe debido a las altas temperaturas y la severa sequía. Esta medida tiene vigencia desde el 28 de marzo hasta el 24 de septiembre de 2025 y afecta directamente a los sectores agrícola, ganadero, apícola, y de manera significativa, al avícola.
Según la resolución, “los productores afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente provincial que acredite la afectación de sus predios” para poder acceder a los beneficios fiscales y financieros contemplados en la Ley 26.509. Entre ellos se incluyen la prórroga o exención de impuestos y la reprogramación de obligaciones bancarias, medidas clave para mitigar el impacto económico en la actividad avícola.
La industria avícola en Chaco y Santa Fe, tradicionalmente orientada a la producción de pollo parrillero y huevo para consumo, ya venía sufriendo dificultades debido a los aumentos en los costos de alimentación y energía. La sequía agrava el panorama: limita el acceso a agua de calidad, deteriora la producción de maíz y soja —bases de la dieta avícola— y genera condiciones ambientales que afectan el bienestar animal, incrementando la mortalidad y disminuyendo la productividad.
Datos de las cámaras productoras locales advierten que la caída en el peso promedio de faena en pollos supera el 7% en las zonas más afectadas, mientras que los costos de producción se han incrementado en más de un 15% durante el primer trimestre de 2025, debido principalmente al encarecimiento de insumos básicos.
Además, las condiciones extremas han generado un repunte en enfermedades respiratorias en las granjas, exacerbadas por la baja humedad y las altas temperaturas, lo que obliga a mayores inversiones en bioseguridad y manejo ambiental. “El estrés calórico impacta directamente en la tasa de conversión alimenticia y en los índices de mortalidad”, señalaron desde asociaciones avícolas regionales.
La Resolución 506/2025 establece que las explotaciones afectadas tendrán hasta el 24 de septiembre para certificar pérdidas productivas y acogerse a los beneficios oficiales. Sin embargo, productores avícolas reclaman medidas específicas de apoyo para la actividad, dada su sensibilidad frente a la falta de agua y los costos energéticos para mantener condiciones de crianza adecuadas.
En este contexto, resulta crucial que los actores de la cadena avícola articulen estrategias de manejo de crisis y adaptación, como el rediseño de instalaciones, el uso eficiente de recursos hídricos, y la diversificación de fuentes de alimentación, para mitigar los riesgos asociados a un fenómeno climático que, lamentablemente, tiende a repetirse con mayor frecuencia en la región.