Despejado el escenario de default en la provincia de Buenos Aires –una vez más, Axel Kicillof confirmó sus endebles credenciales como negociador, como había ocurrido en los casos Repsol, Club de París y holdouts–, la prioridad excluyente del Gobierno consiste en reestructurar la deuda pública.
Sin embargo, esta obsesión requiere ser revisada con urgencia. La administración Fernández supone que cualquier plan de estabilización y crecimiento depende del éxito y de las características finales de una negociación que aún no ha comenzado.
Por su parte, los acreedores demandan un plan económico lógico y consistente para evaluar con datos concretos la sostenibilidad de la propuesta que haga el Gobierno.
“Tenemos un plan para negociar la deuda, pero no lo comunicamos para no mostrarles las cartas a los acreedores”, dijo Fernández en París.
Ojalá sea cierto y, sobre todo, eficaz. Pero esos bonistas exigen algo mucho más ambicioso: un plan económico integral que explique cómo y cuánto va a crecer la Argentina luego de una larga década de estanflación. Es decir, debe incluir un capítulo específico sobre la estrategia de estabilización: ¿cómo haremos para vencer a la inflación? Nuevamente, la incertidumbre impide lograr los objetivos prioritarios que el Gobierno se ha planteado. “Si no crecemos, no podemos pagar”, pero casi nada se hace para, precisamente, estimular la inversión privada, local y extranjera.
El propio ministro Guzmán reconoció que no hay espacio para estímulos fiscales. Para peor, el atraso del tipo de cambio por una inflación que no cede complica el escenario de corto plazo, sumado a la caída en la recaudación. ¿Es esta solo estacional o tendremos otra rebelión fiscal, dada la presión exagerada a la que están sometidos los contribuyentes? Mientras tanto, el Gobierno tomó al campo y a la agroindustria como uno de los sectores sobre los que recaerá el ajuste de la macroeconomía.
Ya aumentó los derechos de exportación de los principales cultivos que el gobierno anterior había desactualizado por estrategia electoral y tiene latente un nuevo incremento si las condiciones se complican. A cambio, por ahora, lo único que ofrece es un dólar alto para exportar que, como indica la experiencia argentina, es una ventaja competitiva relativa, ya que al poco tiempo los costos se acomodan al valor de la divisa norteamericana.
En la emergencia, cualquier incentivo que se aplique -descuento de retenciones para comprar maquinaria agrícola o compensación por distancia o superficie- es pasada por el filtro del impacto fiscal y no decanta.
Mientras tanto, las oportunidades que presenta el mundo por la demanda de alimentos se mantienen intactas. Y el país está en condiciones inmejorables para que eso sirva de palanca que contribuya a solucionar sus propios problemas de desarrollo. La industria avícola, hoy más que nunca, está en condiciones de crecer exponencialmente y contribuir generando empleos, arraigo y una importante cantidad de divisas a través de las exportaciones de productos de alto valor agregado. ¿Le permitirán hacerlo?
Adalberto Rossi – Cátedra Avícola