El nuevo índice FADA correspondiente al mes de marzo arrojó un dato contundente: de cada 100 pesos generados como renta agrícola —es decir, el resultado de restar los costos al valor de la producción—, 58 van a parar a las arcas del Estado en forma de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Si bien se trata de un promedio nacional, la cifra refleja una fuerte presión fiscal sobre el sector productivo.
Durante la entrevista, Pisani Claro explicó que la baja de seis puntos respecto al índice de diciembre se debe, en gran medida, a la reducción temporal de los derechos de exportación, vigente hasta junio. Esta medida implicó una disminución del peso de los impuestos nacionales no coparticipables y un leve respiro para los productores. Sin embargo, la especialista advirtió que se trata de un alivio pasajero, y que la necesidad de previsibilidad a largo plazo es clave para estimular la inversión y el crecimiento del agro.
La economista también desglosó el índice por cultivos y regiones. Mientras que en el caso de la soja la participación estatal en la renta alcanza el 62%, en el maíz es del 50%. Córdoba aparece como una de las provincias más afectadas, con un índice del 59%, en gran parte debido a sus menores rindes y mayores costos logísticos, como el flete. En contraste, Buenos Aires registra un 55%, pero con una mayor carga de tributos provinciales y municipales.
Pisani Claro planteó que, más allá de la coyuntura, lo ideal sería avanzar hacia una reducción gradual y sostenida de las retenciones, hasta su eventual eliminación. Esto permitiría al productor planificar con claridad, fomentar inversiones en tecnología, fertilización, riego y maquinaria, y potenciar la producción y las exportaciones. “El campo siempre responde cuando se le da un poco de aire”, coincidieron los periodistas del programa, aludiendo a la histórica capacidad del agro para reinvertir cada vez que se alivian las condiciones impositivas.
La eliminación de las retenciones, aunque considerada utópica por algunos sectores, es vista por FADA como una posibilidad concreta si se diseña un calendario serio y consensuado. “Una baja sostenida daría previsibilidad y eso es lo que el productor necesita para tomar decisiones de fondo”, afirmó Pisani Claro. Además, recordó que una mayor producción implica no solo más divisas, sino también empleo y desarrollo en las economías regionales.
El debate sobre la presión fiscal al agro está más vigente que nunca, y el informe de FADA viene a ponerle números concretos a una discusión estructural. La industria avícola, íntimamente ligada al destino de los granos, también sufre las consecuencias de una política tributaria que muchas veces desalienta la producción. ¿Será momento de pensar en una reforma integral que incentive en lugar de castigar? El tiempo y las decisiones políticas lo dirán.