La Patagonia enfrenta un nuevo desafío con la reciente decisión del gobierno nacional de eliminar el fideicomiso de la ley ovina, una medida que, según Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, podría agravar aún más la ya complicada situación de los productores ovinos de la región. En una entrevista con Adalberto Rossi, Luján expresó su preocupación por la falta de transparencia que el gobierno ha señalado como motivo para la eliminación del fideicomiso, afirmando que la estructura administrativa de la ley ovina ha sido eficiente y clara a lo largo de sus más de 20 años de existencia.
Luján explicó que la ley ovina cuenta con un sistema de control riguroso, que incluye un coordinador nacional, unidades ejecutoras provinciales y la participación activa de los productores a través de sus federaciones. Este sistema ha permitido la evaluación y aprobación de proyectos de manera transparente, asegurando que los fondos lleguen directamente a los proveedores de insumos sin intermediarios. Por ello, resulta desconcertante para los productores que se cuestione la transparencia de un proceso que ha sido auditado y supervisado constantemente.
El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut también señaló que la eliminación del fideicomiso llega en un momento crítico para la Patagonia, que enfrenta una emergencia agropecuaria debido a condiciones climáticas adversas. Los productores han sufrido pérdidas significativas, con un promedio de entre el 15% y el 25% de mortandad en los animales, lo que no solo afecta la producción de lana y carne, sino que pone en riesgo la viabilidad económica de muchos productores que operan con márgenes muy estrechos.
Además, Luján recordó que el presupuesto asignado a la ley ovina, que en 2023 fue de 850 millones de pesos, no ha sido distribuido en 2024, lo que agrava aún más la situación. Estos fondos, cruciales para el mantenimiento de la actividad ovina en la Patagonia, no se han trasladado a las provincias, lo que ha dejado a los productores en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
A pesar de las reuniones mantenidas con las nuevas autoridades de la Secretaría de Agricultura y Economía, Luján indicó que aún no se ha llegado a una solución concreta. La promesa de reemplazar el fideicomiso con un monto específico para la Patagonia sigue sin materializarse, lo que deja a los productores en una situación de espera y preocupación. La falta de claridad sobre el futuro de estos fondos es especialmente preocupante dado el impacto que su eliminación podría tener en la economía regional y en la sostenibilidad de la producción ovina en la Patagonia.
En cuanto a las ayudas prometidas por el gobierno, Luján mencionó que los 1.300 millones de pesos anunciados aún no han llegado a la Patagonia. Estos fondos, que deberían haberse distribuido entre Santa Cruz, Chubut y Río Negro, son insuficientes para cubrir las pérdidas estimadas de 12.000 millones de pesos derivadas de la mortandad de animales. Además, el retraso en la entrega de estos recursos solo agrava la situación de los productores, quienes enfrentan un ciclo de producción afectado por las pérdidas de animales y la disminución en la producción de lana y carne.
Luján también subrayó la importancia de la producción ovina en la Patagonia, no solo desde el punto de vista económico, sino también en términos de soberanía territorial. Con el 60% del stock ovino del país y la producción del 72% de la lana nacional, la Patagonia depende en gran medida de esta actividad para mantener su población y desarrollar su economía. La eliminación del fideicomiso pone en riesgo no solo la economía regional, sino también la capacidad de la Patagonia para seguir siendo una región productiva y habitada.