El puerto de Quequén, un punto clave para las exportaciones de granos en Argentina, se encuentra en el centro de una controversia que preocupa a los productores y exportadores del país. Con la concesión de su principal operador vencida y a pocos meses de una nueva licitación, las recientes decisiones del gobierno provincial han generado incertidumbre y críticas por parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP). Pablo Ginestet, Secretario de CARBAP, compartió su perspectiva sobre esta situación en una entrevista con Adalberto Rossi en el programa radial “Cátedra Avícola & Agropecuaria.”
La concesión actual, que fue prorrogada hace tres años, vence en noviembre, y el gobierno provincial ha anunciado una licitación exprés que, según Ginestet, genera dudas sobre su transparencia y propósito. La preocupación aumenta con la intención del gobierno de reservarse un 30% de la capacidad de elevación del puerto para uso propio, con el objetivo de comprar y exportar granos directamente, lo que recuerda a los modelos de las viejas juntas de granos que ya han fracasado en el pasado.
Ginestet explicó que la terminal en cuestión maneja entre 2 y 3 millones de toneladas anuales, una cifra significativa que podría verse afectada si la provincia avanza con su plan. “El gobierno no tiene nada que hacer en la operación de un puerto, y menos aún en la reserva de una capacidad de uso que podría distorsionar el mercado,” afirmó Ginestet, quien abogó por una licitación abierta y transparente que priorice a las empresas con experiencia en el sector.
La falta de claridad sobre el futuro del puerto ya está afectando las operaciones. Según Ginestet, los exportadores que planean sus envíos para la cosecha de trigo en diciembre y enero se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que no pueden asegurar la carga de sus buques en el puerto de Quequén. Este retraso en la planificación podría tener consecuencias económicas significativas, especialmente en una zona que es una de las principales productoras de trigo del país.
Desde CARBAP, se insiste en que el modelo de concesión que ha funcionado durante los últimos 33 años debe continuar, priorizando a las empresas exportadoras, cooperativas y entidades gremiales que han demostrado su eficiencia en la gestión del puerto. “El Estado ha demostrado ser ineficiente en la gestión de estas operaciones, y lo que necesitamos es facilitar las actividades de los privados para evitar perder inversiones y oportunidades,” enfatizó Ginestet.
El comunicado emitido por las sociedades rurales del sudeste de Buenos Aires también refleja esta preocupación, recordando que las intervenciones del gobierno en el pasado han llevado a resultados negativos. Ginestet concluyó la entrevista subrayando la urgencia de una definición clara y concreta para evitar paralizar las operaciones y garantizar que el puerto de Quequén siga siendo un motor clave para la economía regional y nacional.